Más de 3.491 muertos en el 2018, cerca de un millón de hectáreas de bosques y selvas que fueron taladas en lo corrido del 2019, y un consumo interno generador del negocio del microtráfico, que implica la vida de escolares, universitarios y todo aquello que suene a jóvenes. Prueba es que entre el 2012 y el 2018 fueron aprehendidos en el país 50.742 niños, niñas y adolescentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según reporte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Se financio en muy buena parte la guerra interna que representó mas de 50 años de conflicto armado y una retraso económico del país.
Un negocio que se inició en Bolivia y Perú y que fue absorbido por los carteles colombianos de Medellín y Cali. Después de la guerra y la muerte o prisión de sus líderes nacionales, desde hace algún tiempo se habla de la presencia de emisarios de los carteles mexicanos en el país. Su objetivo está encaminado hacia la creación de nuevas redes de narcotráfico, así como también, la apertura de las llamadas franquicias, de las cuales ellos son los dueños.
Contrario a lo que se piensa, los emisarios de los carteles ingresan al país, localizan a las redes de narcotráfico colombianas, las cuales se encargan de proveerles la cocaína que necesitan, gestionar la logística y asegurar que los cargamentos de lleguen a los distribuidores en el exterior.
Estos denominados “empresarios mexicanos” han encontrado en el país infraestructuras delincuenciales que les garantizan que la implementación de sus franquicias llegan a las zonas más apartadas, donde compran las hectáreas de coca sembradas, considerando que los cultivadores, que son el eslabón más pobre de la cadena criminal, no logran desarrollar con éxito financiero otro tipo de cultivos, entre otras razones por la falta de infraestructura para sacar sus cosechas al mercado nacional, regional o local. Los narcos se ocupan de recoger el producto final y el campesino en continuar en el cultivo.
A diferencia de México, Colombia posee las condiciones necesarias para la proliferación del cultivo de la coca. Suelos aptos que favorecen su rápido crecimiento y brazos abiertos de campesinos que ante el abandono estatal aprovechan una de las pocas maneras de sobrevivir en un circulo viciosos del cual es muy difícil salir.
Y cuando se pensó que con la firma del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las Farc, el país experimentaría un cambio importante en lo concerniente a la restitución de las tierras dejadas por ese grupo guerrillero, parece que no se han cumplido las promesas del Estado y la buena aplicación de los acuerdos de La Habana.
No se ha aprovechado la oportunidad histórica tras la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente, y hoy se suma el asesinato sistemático de líderes sociales, excombatientes desmovilizados, fenómeno que es reiterativo en distintas regiones del país.
Según algunos expertos en la materia, muchos de esos asesinatos están relacionado con el nuevo auge de los cultivos de coca, en donde la restitución de tierras y su dedicación a nuevos cultivos , se convierten en obstáculo en la adquisición de tierras que se necesitan para el cultivo de la coca, y donde su producción ya está financiada por los narcos mexicanos.
Ante la ausencia del Estado en los territorios dejados por la desmovilizada guerrilla de las Farc, los grupos al margen de la ley han sabido sacar provecho a esa situación. La presencia de emisarios de los carteles mexicanos en Colombia, ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y los cuerpos de investigación del Estado, quienes reconocen su presencia en 10 departamentos del país.
Esto se da por dos razones evidentes, la desmovilización de las FARC, y la guerra interna entre los carteles mexicanos. Estos últimos se han desplazado en la búsqueda de nuevas tierras para ampliar su producción y mercado. En Colombia se ubican principalmente en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Éste último departamento se ha convertido en el más peligroso para el trabajo que desempeñan los líderes sociales.
Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, tras la desmovilización de ese grupo guerrillero los cultivos ilícitos en el territorio nacional han registrado un aumento significativo, pasando en 2017 de 171 mil hectáreas a más de 200 mil el año anterior impulsadas por los nuevos requerimientos de los “empresarios mexicanos”.
Pero esto no se trata solo de cifras. Tras el auge de los cultivos de coca, los distintos gobiernos de turnos se han visto obligados ha adoptar políticas que logren frenar el tráfico de narcóticos, cuyo principal destino son los Estados Unidos. Desde allí se trazan políticas de control a los países productores, como la fumigación con agroquímicos señalados de peligrosos por gobiernos europeos. Queda abierta la pregunta, qué tipo de sociedad es aquella donde hay algo más de treinta millones de personas que consumen diariamente todo tipo de narcóticos.
Por ahora la guerra mexicana y su industria del crimen sigue creciendo en el continente aumentando el número de victimas y daños ambientales, algunos irreparables.