Luego de la destitución e inhabilitación que impuso la Procuraduría a Néstor Guillermo Franco González, director encargado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el procurador Fernando Carrillo afirmó, “decisiones tomadas para visibilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las pueden revocar ningún funcionario de manera unilateral”.
Dicha sanción, que tendría vigencia de 10 años, fue por presuntas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de Chía (PTAR II).
Según la investigación realizada, los estudios y diseños planeados no eran suficientes, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y al reajuste en el valor, que habría ascendido a $62.876 millones.
Ante este hecho, la Procuraduría convocará para la próxima semana dos mesas de trabajo para evaluar en que proceso está las descontaminación del río y que avances alcanzaron a ser aplicados.
Así las cosas, “el Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”, dijo el procurador.
De acuerdo con el fallo la Procuraduría catalogó la conducta del funcionario como una falta muy grave.