En las últimas horas se conocieron las amenazas de muerte contra la vicepresidenta de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), Luz Perly Córdoba Restrepo, quien trabaja por la defensa de los derechos humanos en ese departamento.
Semanas atrás este medio de comunicación conversó con Córdoba y en aquella oportunidad aseguró que en la medida que le cuentan al país su labor como defensora de derechos, le restan oportunidad de estigmatización al victimario. “Cuando nos hacemos invisibles, el enemigo que nos quiere asesinar y que tiene mucho poder, nos estigmatiza“, aseguró la lideresa.
Como no hay voluntad del Estado, a los líderes sociales no les queda otra que la autoprotección
Para Córdoba, su esquema de seguridad presenta grandes dificultades que pone en peligro su vida, así se lo hizo saber a través de una carta enviada a Pablo Elías González Monguí, presidente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esto tras el más reciente asesinato de Alfonso Correa, miembro directivo de ACA, ocurrido en marzo del presente año.
No ha de ser una tarea fácil para esta mujer de 34 años defender la vida de otros cuando su propia vida corre peligro. Ella ha pasado por agresiones de grupos paramilitares, guerrillas y hasta agentes del Estado. Su riesgo es tan alto que incluso está cobijada por medidas cautelares del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).
En virtud de las últimas denuncias UNIMINUTO ha insistido en hacer contacto nuevamente con ella, pero hasta el momento no ha sido posible, quizás por las mismas particularidades de los últimos hechos contra su existencia.
La defensa es por Arauca
Pero recientemente, en una entrevista para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) la lideresa denunció que “es tan difícil la situación en el departamento de Arauca que los actores armados han disparado contra esquemas de defensores de derechos humanos, han retenido carros de la UNP e incluso, según informes de la misma entidad, hay un plan pistola contra los escoltas asignados para la protección de algunos líderes sociales”.
Antioquia y Chocó tienen disputa
Ayer miércoles, también el líder social Henry Chaverra, fue atacado cuando se movilizaba en su camioneta en compañía de sus escoltas. Chaverra se ha dado a conocer en el país, por la defensa del territorio en el departamento del Chocó, exigiendo que el municipio de Belén de Bajirá sea reconocido como territorio perteneciente a ese departamento.
La defensa que hace Chaverra tiene que ver con el informe entregado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que estudió el caso de disputa entre los departamentos de Antioquia y Chocó. Según el Igac, los territorios de Nuevo Oriente, Macondo, Blanquicet y Belén de Bajirá, deben ser devueltos al departamento del Chocó.
Esta decisión produjo la molestia tanto a la gobernación de Antioquia, como a los grupos armados al margen de la ley, quienes adelantan asesinatos sistemáticos en contra de los líderes que están dando la batalla para recuperar los territorios en mención.
Aunque el Igac reconoció que los territorios citados le pertenecen al Chocó, la administración de Antioquia se opone a esa decisión.
Como si no fuera suficiente la no aceptación de Antioquia, el pasado 29 de marzo se conoció un panfleto con amenazas a los líderes que defienden el reconocimiento de Belén de Bajirá como territorio chocoano, en el cual se les advierte las consecuencias que tendrán que pagar si continúan con la defensa de este territorio, “si Antioquia pierde el territorio lo pagarán muy caro”, se lee en un fragmento del panfleto.
¿Quién es responsable de las vidas de los líderes?
Para algunas personas, la protección de los líderes sociales debería depender de todos, pero para los expertos en el tema, es el Estado quien cuenta con los recursos y debe implementar las políticas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes sociales.
En lo corrido del año 2019 según la ONU, en Colombia han asesinado 29 líderes sociales, las cifras las dió a conocer la Oficina de Derechos Humanos, adscrita a esa entidad.
Los indicadores son preocupantes. En la mayoría de los casos no hay capturados, lo que ha dificultado el avance en las respectivas investigaciones que pudieran dar paso para que el país logre conocer los verdaderos móviles de los asesinatos.
Por ahora los líderes sociales siguen insistiendo, no solo en la defensa del territorio, sino también en que Colombia se movilice exigiendo el respeto por la vida y los derechos humanos de todos.