Foto: Pacifista

Fue necesario 11 años para que Colombia conociera de los llamados asesinatos extrajudiciales perpetrados por miembros de El Ejército ocurridos, principalmente, en inmediaciones del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

Como también los asesinatos cometidos en Ocaña, Norte de Santander y otras regiones del país en donde, hasta la fecha, no se han podido recuperar los cuerpos de las víctimas del Ejército colombiano.  

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Las estadísticas con relación al número de víctimas varían, dependiendo quién cuenta los muertos. En un principio, se llegó a creer que las desapariciones eran solo un fenómeno en Soacha; sin embargo, y gracias a las investigaciones realizadas se comprobó que el número de víctimas llegó a las 1.741 en los periodos comprendidos entre 1984 a 2011.

Las actuales condenas en contra de la Nación, fueron por los casos de Carlos Mario García, joven de 21 años que fue contratado para transportar una carga de madera a un sitio conocido como ‘La cooperativa’ en Remedios, departamento de Antioquia. Mientras García, se desplazaba por las vías del municipio antioqueño, fue abordado por soldados adscritos al Batallón de Ingenieros Batalla de Calibio, quienes le pidieron que se bajara del vehículo que conducía para interrogarlo por la situación de orden público que se vivía en la zona.

García, era acompañado por otra persona que había contratado para que lo acompañara en ese viaje de trabajo, y según las versiones del testigo, luego de ser requeridos por los soldados se les ordenó sentarse en un tronco para responder al cuestionario del teniente César Augusto Castellanos, quien les hizo saber que debían responder las preguntas si querían ser liberados. El acompañante de García, aprovechó un descuido de los soldados que los custodiaban y logró escapar hasta la vereda más cercana, pero gran sorpresa la que se llevó cuando al día siguiente se enteró que el Ejército había sostenido crueles enfrentamientos con un grupo guerrillero, y la única baja era precisamente su compañero de viaje.

El otro caso de asesinato extrajudicial, tuvo lugar en Cantagallo, departamento de Bolívar. Allí fue asesinado Parmenio Hernández, quien se dedicaba a las labores del campo. Hernández, de 41 años de edad fue sacado a la fuerza de su vivienda por soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Batalla de Calibio, en Bolívar. Según el acto condenatorio del Tribunal, Hernández fue sacado de su hogar en compañía de su esposa y sus 3 hijos menores de edad, posteriormente se supo que los restos del campesino se encontraban en una tumba en Barrancabermeja, y figuraba como guerrillero dado de baja en combates con la guerrilla. 

Gracias a las versiones entregadas ante la JEP por un teniente que reconoció su participación en los hechos, se logró corroborar que este caso, al igual que el anterior, consistió en asesinar a campesinos para posteriormente hacerlos pasar por subversivos y así poder reclamar los beneficios que entregaba el gobierno de turno.

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Las condenas en contra de la Nación por ‘falsos positivos’
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Tras comprobarse la participación del Ejército Nacional en asesinatos extrajudiciales, dos tribunales del país dejaron en claro su fallo y responsabilizaron de los hechos al Estado colombiano.
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