Wilberth Hernández Sierra, se convirtió en el nuevo gobernador del departamento de La Guajira en ser destituido e inhabilitado por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de bilingüismo, en una de las regiones que cuenta -incluso- con su propia lengua: Wayuunaiki.
Esta región, junto con el departamento del Chocó, es una de las más golpeadas por la corrupción y por ende, una de las más abandonadas por el Estado; es un departamento rico en recursos naturales y al igual que el Chocó, la mayoría de sus habitantes no goza de servicios básicos como el agua potable.
En el caso de la destitución de Hernández, el órgano de control investigó el contrato celebrado entre la gobernación y la firma Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S, por valor de más de 11 mil millones de pesos, cuya finalidad era impulsar el idioma inglés en La Guajira.
Al conocerse la noticia de la firma del contrato, la Procuraduría Regional, se dirigió hasta la ciudad de Cúcuta, para indagar más sobre la empresa contratada por el gobernador Hernández, y encontró varias fallas, entre ellas que la empresa no tenía residencia en la ciudad, confirmando que la dirección suministrada en los documentos firmados entre ambas partes, no correspondía a lo encontrado en Norte de Santander.
Así mismo se evidenció que los recursos que recibe La Guajira, correspondientes a las regalías, fueron destinados a la financiación del polémico contrato de inglés, y aunque el investigado tiene derecho a ser escuchado en versión libre, la procuraduría decidió apartarlo del cargo mientras se adelantan las investigaciones pertinentes.
La destitución del gobernador número 15 de La Guajira, pone sobre la mesa la difícil situación relacionada con la corrupción y con una clase política dominante que ha desangrando al departamento; una región que durante años ha asistido a los fallecimientos de sus niños Wayúu, a causa de la desnutrición, porque sus dirigentes también se han robado los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuyos dineros fueron a parar a manos de empresarios de La Guajira, quienes terminaron rifándose los dineros destinados para la alimentación de los niños estudiantes.
En 2017, según las autoridades de salud del departamento, murieron 27 menores, cuyas muertes se relacionan con desnutrición, mientras que en 2018 fallecieron 38, todos menores de 5 años.
Por esas muertes y otro casos como la celebración indebida de contratos, la procuraduría, inhabilitó a la gobernadora del departamento, Oneida Pinto, quien hace apenas unos días, y mientras rendía indagatoria abandonó el sitio, aduciendo que tenía una cita médica, de la cual hasta el momento no ha aparecido.
La destitución e inhabilidad de Hernández por tres meses, se suma a un capítulo más de las venas abiertas de La Guajira, un departamento que no ha logrado frenar el desangre de sus recursos, así como tampoco la muerte de sus niños y la falta de agua, producto del desvío del Río Rancherías por parte de algunas empresas multinacionales que han arribado al departamento, privatizando el preciado líquido.