Por: Cristian Felipe Lesmes Sopó
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue introducido en Colombia por primera vez en 1968 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Nació para dar solución a los problemas nutricionales de los niños en el país y para poder alimentar a los estudiantes cuyas familias no tienen los recursos necesarios para cubrir una comida digna.
Desde entonces y hasta la actualidad, millones de niños se han visto beneficiados con las ayudas que se brindan ya que muchos han podido recibir alimentos a la hora del recreo en los colegios e instituciones educativas.
Durante algún momento del gobierno del expresidente Santos (2010-2014), el Programa pasó a manos del Ministerio de Educación, entidad que de ahí en adelante sería la encargada de manejar y gestionar todo lo que compete al PAE, asimismo, de garantizar su buen funcionamiento y desarrollo con el fin de que los niños del país recibieran la atención pertinente y pudieran seguir alimentándose durante sus horas académicas.
Sin embargo, en los últimos años el Programa ha sido foco de atención por los numerosos casos de corrupción que se han visto, en donde, desde el político y el funcionario público hasta el contratante, el empresario y el mediador, han querido sacar su tajada del presupuesto, lo que ha generado una escasez de recursos y, más grave aún, una afectación directa en la entrega de los alimentos de los niños.
Por otro lado, y por si fuera poco, a las instituciones educativas han llegado alimentos, pero que en su mayoría se encuentran en descomposición. Frutas podridas, panecillos, pasteles o ponqués con moho, algo que claramente no es apto para su consumo y menos en un niño. Aunque se ha visto en muchos casos que, tal es el hambre del niño porque no ha comido nada en todo el día y los refrigerios son su único alimento, que termina por comerse aquel pedazo de pan dañado porque no tiene otra opción.
El pasado mes de septiembre, a inicios, el concejal Martín Rivera del Partido Verde hizo públicas algunas denuncias sobre irregularidades en el PAE entre el 2019 y el 2021. Es por esto que, a continuación, se profundizará sobre aquellas denuncias que el funcionario público realizó.
Inconsistencias en información contractual
Según la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá D.C, algo que llama la atención es la cantidad de fallas en los procesos contractuales que existen y, junto a esto, algunas cosas que no cuadran con el tema de los presupuestos.
En primer lugar, al menos seis contratos, uno del 2019 y cinco del 2020, no tuvieron su correcto y debido proceso de estudios de mercado técnico, generando, posiblemente, una disminución de los recursos destinados para cada uno de ellos. Pero, asimismo y para esos mismos contratos, no se realizó la supervisión necesaria para garantizar el buen manejo de los recursos destinados para cada contrato.
En ese sentido y poniendo como ejemplo el contrato número 854813 de 2019, la supervisión realizada no fue la necesaria, pues no se hizo el control de la ejecución y, en consecuencia, la Caja de Compensación cobró y liquidó un valor mucho mayor de lo que se debía.
Por otro lado, se han presentado casos de contratos, como el número 1291021 de 2020, en los que varios documentos importantes como los que competen a temas de liquidación y supervisión no son publicados o se han hecho fuera de la fecha límite. También se ha denunciado una falta de veracidad en los procesos contractuales, pues se han entregado informes donde su contenido no es del todo exacto, como el dar datos sobre los estudiantes validados que, poniéndolo en comparación con la información suministrada en la supervisión, arroja datos completamente distintos e inexactos; en este mismo contrato, además, se entregó información de presupuestos inexacta, haciendo más difícil la tarea del control fiscal.
En ese sentido, el Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación del Distrito evidenció un total de 66 acciones abiertas sólo entre el 2019 y el 2020. Estas acciones se interpretan como hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Algunos ejemplos de ello son:
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $345.126.717 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 1.444 alumnos en el Colegio Bicentenario de la Independencia – San José de Maryland IED”.
- “Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $382.109.298 y disciplinaria, por los pagos de las prórrogas del contrato de interventoría 221515 de 2017, causados por la incorrecta gestión administrativa y la ejecución extemporánea de actividades que no estaban definidas por la entidad, aunque debieron estarlo y debieron ejecutarse dentro del plazo inicialmente establecido”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $521.011.565 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar en el colegio Instituto Técnico Industrial Piloto (IED)”.
- “Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación, gestión y diagnóstico de necesidades en la dotación de elementos de menaje plástico a las cocinas de las IED que prestan el servicio de comedores escolares, producto de la ejecución del contrato de compraventa no. 480817 del 2 de agosto de 2018- grupo 1- menaje plástico”.
- “Hallazgo administrativo con presunta incidencias fiscal en cuantía de $312.672.917 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 1.124 alumnos en el colegio Jorge Isaac Volcán de la Pradera IED”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $ 344.629.327 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 2.645 alumnos en el colegio Las Américas IED”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencia fiscal en cuantía de $379.166.285 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 1.565 alumnos en el colegio Rogelio Salmona IED”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $ 66.929.717 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 3.600 alumnas en el colegio La Merced IED”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $ 280.320.043 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 1.815 alumnos en el colegio Técnico San Cristóbal Sur IED”.
- “Hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscal en cuantía de $77.680.200 y disciplinaria, por la no utilización de dotación de cocina – comedor escolar, afectando 704 alumnos en el colegio Charles de Gaulle del colegio Gran Colombiano”.
Entre otros. (Ver informe de Auditoría, páginas 33 – 42)
INCOHERENCIAS EN LA ENTREGA DE RACIONES Y BONOS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PAE
Estudiantes no registrados recibieron ayudas entre el 2020 y el 2021
Parte de las denuncias realizadas por el concejal del Partido Verde, Martín Rivera, y según la información suministrada por la Contraloría en su Informe Final de Auditoría, otro caso que se ha visto en estos últimos dos años ha sido la entrega de bonos y raciones alimenticias a estudiantes que no aparecen registrados en el Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT).
El 2020 fue un año crucial ya que en sus primeros meses, cuando la pandemia por Covid-19 llegó al territorio nacional extendiéndose a cada rincón sin parar, absolutamente todos los sectores se vieron afectados y el educativo no fue la excepción.
Con la implementación de las clases virtuales, las dinámicas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cambiaron por completo. El 25 de marzo del 2020, a poco de haberse declarado la emergencia sanitaria en el territorio nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos Para Aprender dio a conocer la Resolución 0006, “por la cual se modifican transitoriamente los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”.
Según el Artículo 4 de la Resolución, ahora pasarían a ser tres las nuevas modalidades de alimentación escolar:
- La primera se trataba de un bono que los padres de familia debían redimir en un supermercado. Dicho bono tenía un valor de 50.000 pesos y los padres debían escoger el supermercado que era de su preferencia; una vez allí, debían seleccionar alimentos tipo lonchera o refrigerio para alimentar a su hijo o hija en su horario académico virtual, pero estaba totalmente prohibido usar el bono para comprar implementos de aseo, mercado convencional u otros productos fuera de lo estrictamente necesario.
- La segunda modalidad consistía en la ración industrializada, es decir, que a cada estudiante se le entregaba una ración lista para su consumo, como si fuera un refrigerio normal, y los padres tenían que reclamarlo en las mismas instituciones.
- Y por último, la tercera modalidad era una ración para preparar en casa, una canasta con alimentos a base de cereales y productos lácteos que se les entregaba a las familias para la preparación en casa.
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, hasta este año se descubrió que hubo estudiantes que no aparecían registrados en el SIMAT que estaban recibiendo estas ayudas en cualquiera de sus tres modalidades. El contratista en cuestión fue la Caja de Compensación Familiar de COMPENSAR y el valor del contrato fue, en un inicio, por un monto de $70.000.000.000, pero luego se conoció que el valor total del contrato fue de $375.600.000.000.
Pero no sólo el hecho de entregar bonos o raciones a personas no inscritas llamó la atención de la Contraloría, sino que también se reconocieron bonos de forma parcial o total más de una vez dentro del mismo mes, en meses posteriores o por valores mayores al establecido desde un inicio ($50.000). Se logró evidenciar que la Secretaría de Educación del Distrito efectuó un pago por $186.201.560, gastos que no se respaldaron ni soportaron en su momento y que generó una grave pérdida de recursos públicos, atentando contra el patrimonio público.
En cuanto a la entrega de las raciones o las canastas familiares, también se conoció que se entregaron a personas que no figuraban inscritas en el SIMAT. Fueron dos tipos de canastas las que se entregaron, una dirigida hacia las IED de la localidad de Sumapaz, y otra hacia las IED rurales urbanas de Bogotá.
Para el caso de Sumapaz, cada canasta tenía un total de 14 productos (bolsa de leche semidescremada, choco panela, huevo cáscara, galleta saltín o integral, pera, manzana, frijol, arroz, margarina en barra, carne res, zanahoria, papa, plátano y naranja) por un valor de $99.410. Asimismo, la canasta para Bogotá contó con: bolsa de leche semidescremada, panela, huevo cáscara, galleta y fruta para el desayuno, y leguminosa, arroz, aceite, carne, zanahoria, habichuela, papa y pulpa de fruta para el almuerzo; el costo fue de $61.316 por cada uno.
La Secretaría de Educación del Distrito canceló un valor total de $4.681.572 y el total de personas, según el informe de la Contraloría, que recibieron ayudas sin estar registradas en el SIMAT fue de 62. Más de cuatro millones en recursos fueron malgastados con personas no beneficiarias, recursos que se hubiesen podido implementar mejor en los demás beneficiarios.
Otro caso, igual de grave y contrario a lo anteriormente mencionado, es el hallazgo de estudiantes registrados en el SIMAT que no recibieron estas ayudas alimentarias. Es decir, mientras los que no figuraban en los registros recibieron las ayudas, otros que sí estaban no fueron incluidos en la entrega de los bonos pertinentes y, en consecuencia, no pudieron alimentarse en un periodo de seis meses desde julio hasta diciembre del 2020.
Para el mes de febrero del 2021, al menos 820.113 estudiantes aparecían registrados en el SIMAT, de los cuales 806.754 de ellos tenían el derecho a recibir los bonos. Esa cantidad de estudiantes es el total de niños y niñas que acumulan una gran cantidad de Instituciones Educativas Distritales en Bogotá, pero se evidenció que 416.830 de ellos no recibieron los bonos pese a haber estado inscritos, es decir, un 52% de los estudiantes de Bogotá que no recibieron las ayudas en el marco del PAE.
Lo mismo sucedió con la entrega de las raciones para preparar en casa de las zonas rurales del distrito. De 13.359 estudiantes registrados en el SIMAT de 25 IED rurales, 10.811 recibieron las raciones de la primera entrega, generando una diferencia de 2.548 que no la recibieron, y 10.856 fueron beneficiados de la segunda entrega, ocasionando que 2.503 no las recibieran.
Si vemos el caso del IED José Celestino Mutis (cuadro No. 49), de 1537 estudiantes que registra el SIMAT, para la primera entrega fueron beneficiados 500 de ellos y para la segunda 460, lo que equivale a que 1.037 y 1.077 no recibieron las raciones en la primera y segunda entrega, siendo uno de los casos más graves y llamativos de las instituciones rurales.
Sin embargo, también llama la atención que en otros colegios se entregaron más raciones de las esperadas o presupuestadas. Tal es el caso del colegio rural El Hato, pues tiene registrados sólo 35 estudiantes en el SIMAT pero entregó raciones a 43 personas en ambas entregas. La pregunta es, ¿Quiénes fueron esas ocho personas no registradas que recibieron raciones y por qué las recibieron? Mismo es el caso de al menos otros tres colegios, exceptuando el colegio rural Chizacá y el colegio rural Las Mercedes, pues todos los estudiantes que aparecen registrados en el SIMAT recibieron las raciones en ambas entregas sin excluir ni agregar a nadie.
En ese sentido y a modo de resumen, se tiene lo siguiente:
- Para el caso “reconocimiento de Bonos de forma parcial o total, posterior a su redención, dentro del mismo mes o en meses posteriores a la certificación por parte de la interventoría para realizar el respectivo pago para la vigencia 2020” se estima que el detrimento económico total es de $186.201.560.
- Para el caso “bonos Escolares alimenticios 2020 y 2021 entregados y redimidos a estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa” el detrimento total es de $1.248.730.241.
- Para el caso “raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa” el detrimento total es de $4.681.571.
- Y finalmente para el caso “reconocer y redimir Bonos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, entregados a estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser cubiertas con el Convenio de Asociación 2078 de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de finalización el 15/07/20” el detrimento total es de $2.147.564.749.
En consecuencia, se considera una pérdida económica de alrededor de $3.587.178.121 en el marco del desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) sólo entre el 2020 y el 2021.
¿Qué dicen los funcionarios a cargo del Programa?
En repetidas ocasiones se intentó contactar a las personas a cargo de los procesos y desarrollo del PAE, tales como Luis Humberto Molina, director de de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación; Carlos Alberto Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia; y Juan Carlos Martínez, director Unidad de Alimentos Para Aprender PAE, pero no hubo tal respuesta.
Las personas del área de prensa encargadas de cada funcionario pusieron trabas en cada momento que se les solicitó la entrevista diciendo que estaban ocupados con otros asuntos más importantes y no acataron los derechos de petición presentados a cada uno.
Hicieron caso omiso de los Artículos 20, 23 y 74 de la Constitución, según los cuales se garantiza el derecho fundamental de petición y el derecho de acceso a la información pública bajo la Ley 1712 de 2014.