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Corte Suprema frena proceso de compra venta de tierras en Colombia

Debido a que en algunas regiones del país aún continúa la violencia, la Corte Suprema de Justicia ha decidido frenar los procesos de compra venta de tierras que se vienen adelantando en algunas regiones apartadas del país.

La Corte Suprema de Justicia decidió frenar los procesos de compra venta de tierras que se adelantan en regiones apartadas del país debido a las acciones de violencia que aún se presentan.

Según el alto tribunal, con dicha decisión, busca la protección de los derechos de las víctimas dado que siguen siendo obligadas a vender sus tierras a grupos ilegales alzados en armas.

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Para la Corte, es necesario proteger a las víctimas del despojo de tierras y puso de ejemplo algunos casos acaecidos como el de Casanare.

Caso Trinidad

En el año 2000, varias familias fueron obligadas a abandonar sus tierras en el municipio de Trinidad (Casanare), esto al no pagar las llamadas ‘vacunas’ que les exigían grupos paramilitares para no sacarlos de sus tierras.

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Con el pago de los impuestos exigidos a familias campesinas, muchas prefirieron vender sus tierras a precios irrisorios, en algunos casos, eran los mismos grupos paramilitares y guerrillas quienes ponían precio, y más tarde eran compradas por poderosos adinerados que de un día a otro aparecían en las regiones más afectadas por el conflicto como los únicos salvavidas de los pobladores.

Decisión histórica

Con el fallo de la Corte lo que se busca es, además de sentar un precedente histórico, proteger y defender los derechos de las comunidades en sus territorios, dado que en algunas regiones y desde tiempos atrás vienen siendo excluidas de la protección del Estado colombiano, y son los grupos armados quienes han decidido sobre las comunidades, imponiendo sus reglas para que todos obedezcan.

Se demoró la Corte

La decisión de la Corte, si bien fue celebrada por algunos grupos campesinos, comunidades afro y otras, también fue considerada por algunos como un fallo que llegó bastante tarde. En el año de 1994, tras la incursión de varios grupos paramilitares en algunas poblaciones del departamento del Casanare, varias familias se vieron obligadas a dejar sus tierras, y aunque tiempo después intentaron recuperarlas, no les fue posible pues ya tenían nuevos dueños que lograron demostrar ante tribunales colombianos que les pertenecían.

Este es solo uno de los tantos casos ocurridos dentro del conflicto armado. El fallo de la Corte, vela por la protección de los derechos de los más vulnerables, estableciendo la nulidad de los contratos de compra venta de tierras mientras estos obedezcan a la presión ejercida sobre los más indefensos, para el alto tribunal “la fuerza da lugar a la nulidad del contrato”.

El despojo de tierras obligó a las personas a llegar a las principales ciudades, en algunas ocasiones en condiciones de mendicidad.

Mientras la Corte se pronuncia sobre la defensa de las tierras usurpadas a campesinos, siguen librando la batalla, no solo en contra de fuerzas estatales, sino también contra las amenazas y asesinatos sistemáticos en su contra por la defensa.

Aunque el pronunciamiento se demoró, es mejor tarde que nunca.

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